En Puerto Rico han habido problemas con monos desde hace muchos años, pero no es hasta que llega uno a Ciudadela en Santurce cuando todos pierden la cabeza. Y mientras el mono santurcino se vacila al personal del Departamento de Recursos Naturales, en los tribunales puertorriqueños se está viendo el caso sobre la compra fallida de pruebas rápidas del COVID-19. Este caso se dio a principio de la emergencia de la pandemia y el gobierno de Wanda Vázquez autorizó la compra de unas pruebas rápidas por $38 millones de dólares, donde se adelantó unos 19 millones. Todo comenzó a oler mal cuando se supo que el contrato fue dado a APEX, una compañía de construcción.
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