OPINION DE CLAUDIO ZUCHOVICKI: PANORAMA ECONOMICO. JOSE DEL RIO: PORQUE SE LE TEME A MARCOS GALPERIN. PLAN POSPANDEMIA MK
Para la gran mayoría de la gente el órgano de gobierno más relevante y dinámico es el Ejecutivo. Su titular, el presidente, renueva su cargo cada cuatro años, y el pueblo solo acude a las urnas con entusiasmo cuando debe elegirlo junto al suplente y titular del Senado: el vicepresidente.
Mientras tanto el Congreso aparece, a los ojos de la población, como un órgano pesado y burocrático que no resuelve sus problemas cotidianos, motivo por el cual la mayoría de los habitantes saben que existe, pero no son capaces de definir cómo se elige y remueve a sus miembros, ni cuántos son y por qué. De hecho, si se le consulta a cien personas para qué sirve dicho órgano, noventa contestarán que para dictar leyes, pero probablemente no más del cinco por ciento sea capaz de enumerar al menos cinco potestades constitucionalmente asignadas al Parlamento, de las más de cincuenta que la Ley Fundamental le adjudica.
Ahora el Gobierno nos propone una sospechosa reforma judicial, en el contexto de una pandemia que mantiene a la gente con la atención puesta en otros ejes, entre cuyos objetivos está el de modificar la cantidad de miembros del máximo tribunal, para lo cual se ha decidido formar una “Comisión Especial” de juristas que evalúe sus alcances.
Lo primero que nos preguntamos es por qué no se ocupa de ello el Congreso de la Nación, órgano al que le corresponde hacerlo, quien de considerarlo necesario podría compulsar opiniones de expertos. Y además es inevitable mirar de reojo la designación, en dicha Comisión, de letrados que actualmente ejercen la defensa de funcionarios procesados, que los inhabilitaría institucionalmente para pronunciarse sobre la eventual reforma de un “Poder” que investiga por varios delitos a diversos funcionarios de esta misma gestión.
En democracia los gobiernos tienen legitimidad democrática de origen, porque acceden al “Poder” mediante el voto popular, pero mientras ejercen ese poder popularmente delegado, están bajo el control del “soberano” pueblo, cuyos integrantes deben prestar atención no solo al contenido de las medidas que se adoptan, sino también a la intención con la que se lo hace. El tema es si, en la Argentina, ese control popular está permanentemente activado. La respuesta es no, no solo porque existen innumerables necesidades básicas insatisfechas, sino además porque transitamos el pico de una pandemia que asuela la salud, la economía y la psiquis de todo una sociedad. Las autoridades lo saben, y tal vez por eso avancen con tanta vehemencia en la adopción de medidas tan controvertidas.
