La Ley Antibloqueo se plantea cambiar el marco legal vigente para permitir un mayor porcentaje de inversión privada en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, el Arco Minero y otras empresas públicas. Todo esto bajo la más estricta confidencialidad dónde las decisiones sobre los activos públicos tienen un carácter secreto. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apurado y poco transparente?
