“Hoy los trabajadores no pueden planificar sobre su propia vida por esta situación”, dijo a Abran Paso Andrea Salmini, secretaria de Comunicación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).
“Queremos vivir”, dice Andrea Salmini, secretaria de Comunicación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) sobre la lucha de los metrodelegados contra la presencia de asbesto en la red porteña, una sustancia cancerígena prohibida en el país hace dos décadas que está presente en piezas de formaciones e inmuebles.
“En el subte nosotros damos una pelea por nuestra salud y la de los usuarios. Es una pelea por la salud pública”, enfatiza en diálogo con Abran Paso.
Las denuncias del gremio iniciaron en 2018 y se focalizaron en vagones de la Línea B comprados en 2011 por el Gobierno porteño al Metro de Madrid. Situaciones de riesgo sanitario en España, como la enfermedad de trabajadores, prendieron las alarmas en CABA.
“Es criminal lo que hicieron. Los manuales del Metro decían que había asbesto. El GCBA podría haber pedido la certificación libre de asbesto. Es delito importar asbesto, está prohibido por ley”, dijo la secretaria.
Anoticiados de esta problemática, desde el gremio se inició un reclamo que dio lugar a una investigación por la cual se concluyó que esta sustancia también está en subestaciones y distintas áreas de la red; están en frenos, paredes, botones desde hace décadas cuando el asbesto no era ilegal, pero tampoco se planificó su remoción al prohibirse a nivel nacional.
En la actualidad es oficial que hay al menos 85 trabajadores con afecciones ligadas a la exposición a esta sustancia. Además, reportan tres empleados fallecidos y más de 2.100 bajo vigilancia médica. Se suma el caso de una usuaria de la red que atendía un puesto de comida rápida en uno de los andenes. Son casos reconocidos en la Justicia.
En este lustro, los metrodelegados hicieron denuncias y exigieron un plan de “desabestización” sostenible y a largo plazo. No obstante, denuncian que no se están tomando las medidas necesarias ante la gravedad del caso y que el proceso es lento.
En ese contexto, desde hace varias semanas realizan paros y levantan molinetes para exigir la reducción de la semana laboral (un franco más, de 36 a 30 horas semanales) para bajar la exposición al asbesto.
También la apertura de la mesa paritaria y la devolución de los días descontados por los primeros paros.
Emova, empresa concesionaria del servicio, señaló en un comunicado: “La compañía ha asistido a todas las audiencias desarrolladas por las autoridades laborales de la Ciudad, manifestando en reiteradas oportunidades su disposición a analizar cambios en sus esquemas de trabajo, advirtiendo que resulta inviable reducir una jornada de 36 horas sin afectar las actividades de operación y mantenimiento de la red de Subte”.
“Este resultado es incompatible con una operación adecuada del servicio y por debajo de niveles apropiados de productividad. No existe antecedente alguno en metros de Latinoamérica y del mundo de una jornada semanal como la que está demandando el gremio. La jornada actual de 6 horas diarias incluye refrigerio y descanso, siendo el tiempo efectivo de trabajo aún menor, con casos como el área de Tráfico (conductores y guardas) en que la jornada oscila entre 4 y media y 5 horas de operación efectiva”, sumaron.
Salmini señala que la Justicia porteña ratificó hace poco el amparo ambiental que presentaron en la AGTSyP hace dos años y ratifica la presencia del asbesto, que “se está retirando sin un plan y no lo suficiente, que los trabajadores pueden ser afectados, que los usuarios también”.
“La empresa Emova, concesionaria del servicio, dice que el nivel es bajo, pero lo cierto es que está prohibido manipular el asbesto. No se sabe cuál es el grado de exposición que causa cáncer, por eso no hay que exponerse”, indica la representante sindical.
