Toda forma de gobierno parte del principio de representatividad política. Con independencia de la eficiencia y proximidad que tengan los mecanismos formales de participación ciudadana, la política democrática y sujeta al estado de derecho, se basa en la noción de representación de los mandatos tanto de los cargos delegativos, como de aquellos cuya legitimidad tiene su origen en la voluntad popular. Esta representatividad presenta un componente cualitativo (competencias, controles y durabilidad de mandato) así como un componente cuantitativo (a cuáles y cuántos ciudadanos representa) con lo cual, el ejercicio de su mandato abarca un ámbito territorial determinado que incluye al conjunto de sus ciudadanos en el marco de su diversidad. Este principio, conjuntamente con el de legitimidad y el de legalidad, permiten el ejercicio efectivo de la gestión pública.
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