Una vez que el gobierno de Nicolás Maduro conoce la magnitud del rechazo a su gestión y la colosal derrota política que implicaron aquellas elecciones legislativas de diciembre de 2015, no ha habido descanso en el empleo de todos los recursos, legales e ilegales, para minar las facultades y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Buscar reducir a la mínima expresión a todos los mecanismos de control político que tiene el parlamento, ante el avance autoritario de un gobierno que cada año deja en evidencia su incapacidad política y sobretodo su incomprensión del juego democrático. Lo cual ha hecho que en estos casi cinco años se hayan registrado agresiones de todo tipo: sentencias judiciales, usurpación de funciones, agresiones militares, persecuciones y hasta un asedio administrativo que además de afectar a los diputados, agrede colateralmente también al personal que trabaja en la Asamblea Nacional.
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