Zonas liberadas, desaparecidos, chicos reclutados por la policía para el delito, torturas, ley de la transa, fusilamientos, miedo entre los vecinos (y resignación, como si nada pudiese hacerse), violaciones sistemáticas a los derechos humanos con protección judicial y política, criminalización por parte de los "medios", cárceles que fabrican delincuentes, Estado cómplice por acción o por inacción. El fenómeno se multiplica en pleno siglo XXI en muchas ciudades argentinas y sus barrios periféricos. Si en los 70 se implementó un terrorismo de Estado, hoy existe una metodología más focalizada y difusa, un terrorismo barrial en el que los que deberían brindar protección son el problema, y donde no hay errores ni excesos, sino cada vez más criminalización y tierras de nadie. ¿Hay una salida? Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza; Mónica Alegre, la mamá del adolescente desaparecido Luciano Arruga; y Gastón Chillier, Director del Centro de Estudios Legales y Sociales: voces para pensar y mirar de otro modo.
