Buena parte de la opinión pública, en los días y semanas siguientes, respaldó al gobierno del general Lucas destacando la dudosa conducta del embajador Cajal, a quien se sindicó como cómplice de la acción de los ocupantes y responsable –al menos parcial– de los trágicos hechos ocurridos. Pero no sucedió así fuera del país, donde la imagen del gobierno quedó seriamente afectada. España, en un gesto inusual, rompió relaciones con Guatemala, poniendo de relieve el hecho de que la policía había entrado a la embajada, un recinto extraterritorial, sin la autorización del diplomático acreditado en el país. Con su ostensible rechazo, para ser más precisos.
