La ley, cuyo objetivo declarado ya hemos resumido para el lector (v. supra), comenzaba aboliendo toda forma de trabajo no voluntario y todo tipo de prestación personal gratuita en el campo, algo que resultaba perfectamente capitalista, pues se eliminaba así todo vestigio de relación feudal preexistente. Pero agregaba casi de inmediato (art. 4º.) que todas las tierras expropiadas quedarían “incorporadas al patrimonio de la Nación”, dando a los campesinos beneficiarios “el usufructo vitalicio de tales tierras” o su arrendamiento “durante el término que en cada caso se establezca”.
