Uribe ha venido advirtiendo del peligro de no ver a las FARC como la amenaza desestabilizadora que son. Tras el tan anunciado acuerdo de paz de 2016 del predecesor de Uribe, Juan Manuel Santos, que preveía el reparto del poder con la organización guerrillera, las FARC se han integrado en el gobierno de Colombia y Cepeda ha defendido la amnistía para sus líderes. Gracias al acuerdo de paz, la Corte Suprema ordenó que el líder terrorista de las FARC Jesús Santrich, actualmente acusado penalmente en Estados Unidos, sea puesto en libertad. Cepeda lo escoltó fuera de la cárcel. Poco después, Santrich huyó a un campamento guerrillero de las FARC bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La producción de cocaína se ha recuperado constantemente hasta niveles récord. La detención de Uribe fue la culminación de una preocupante secuencia de hechos.
Desde el comienzo, el caso Uribe ha estado plagado de violaciones al debido proceso y garantías constitucionales que se salieron de los estándares internacionales básicos de justicia. Intrépidos periodistas colombianos han descubierto una creciente red de pagos misteriosos, activos no declarados e indicios de soborno que han envuelto a Cepeda, su supuesto testigo estrella y el juez que firmó la orden de arresto de Uribe. Los detalles revelan que el arresto de Uribe no fue un triunfo del sistema de justicia de Colombia, sino que parecía más una mala jugada que valió la pena.
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