Con alguna frecuencia salen a la luz comportamientos cuestionables, o que claramente deben ir a la Justicia, señalando mediante denuncias formuladas responsablemente a funcionarios públicos, elegidos o nombrados. De inmediato se han hecho notorias las reacciones desde el poder con intención de judicializar casos, sumarse con pronunciamientos a la desaprobación o de sancionarlos por vía administrativa. Desde la jefatura de Estado se sientan precedentes que faltaban como expresión de voluntad por esclarecer indelicadezas o supuestos abusos cometidos desde investiduras oficiales, respetando procedimientos que conduzcan al escarmiento.
El presidente Abinader ha expresado discursos y tomado decisiones, en oposición al antiguo vicio de encubrir conductas que deben ser investigadas a profundidad o que por evidencias ameritan medidas contundentes. La ley, definitivamente, debe entrar por casa en este país al que usualmente le cuentan las impunidades escandalosas. El poder no debe prestarse, como ocurría anteriormente, para sacarles las castañas del fuego a los compañeros de partido o a los congraciados por vínculos de amistad, nexos familiares o concertaciones para el enriquecimiento. De todo eso existen antecedentes oprobiosos. La mala opinión sobre políticos, y la todavía vigente impresión de que la corrupción sigue siendo un gran mal, derivan de debilidades institucionales favorables al peculado.
