El país está inmerso en crisis sanitarias y socioeconómicas por la pandemia, y en nada convienen las pugnas sectoriales que estorben y resten atención a las urgencias que ahora embargan. Existe un estado de emergencia nacional para concentrar esfuerzos en metas primordiales, inaplazables y de mayor gravedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, situada con anterioridad en precariedades y deserciones, ha ido a parar, por embate unilateral de profesores, a un cese docente trastornador. Y como si faltara más, los empleados administrativos elevan una bandera de lucha salarial que paralizaría sus servicios acorralando a las autoridades de la academia.
De otro lado, la violencia ejercida contra la sede del Congreso puso en trauma al órgano mientras permanecía en desacuerdo sobre incentivos para la frontera. El presidente Abinader tuvo que intervenir unificando criterios. Las relaciones entre médicos y el Ministerio de Salud Pública, con la Policía de por medio, se complican por agresiones y apresamientos de médicos y contradicciones sobre inminente aplicación de vacunas contra el coronavirus. A lo radical se pasa fácilmente en esas esferas; aparte de las dificultades para consensuar al sector educativo y a las correspondientes autoridades sobre el dilema de volver o no a las aulas. Las disparidades tienen efectos retardatarios y de distracción cuando más armonía se necesita.
