Tras las últimas consultas electorales, con el correspondiente acceso a investiduras del Estado, han salido a la luz atendibles indicios o rotundas evidencias de que se soprepasan, para provecho propio, las fronteras de cargos asumidos por tales y cuales señores, incluso creyéndose en capacidad de tronar y escapar a toda posible sanción futura.
El Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y por lo menos uno de los órganos fiscalizadores descentralizados (Compras y Contrataciones), más el liderazgo municipal calificado, han dado hasta ahora muestras de incompatibilidad con los comportamientos irregulares o de abierto desafío a la legalidad.
La intolerancia ahora exhibida desde las cimas del Poder a la desnaturalización de funciones oficiales debe subrayarse con permanencia y cero excepciones si el cambio, demandado por el electorado, ha de ser real.
La percepción de excesos escudados en nombramientos o categorías electivas, tiene terreno ganado a través del periodismo investigativo y documentador en respaldo a los gobernantes que deciden abrazarse a las buenas prácticas administrativas y éticas.
Prolifera en los espacios abiertos la capacidad ciudadana de ser testigo de excepción con el recurso de las tomas fílmicas que repetidamente ponen en la picota a quienes ingenuamente suponen que sus exabruptos pasarán desapercibidos. Verlo todo ya no es exclusividad divina. La ocultación es más difícil.
