Cuestionar el origen de fortunas bajo indicios de haber sido amasadas desde funciones públicas o mediante complicidades con prestadores de servicios y proveedores, confiere máxima importancia a las obligaciones de certificar lo adquirido ante órganos de fiscalización. El Ministerio Público, que vive época de verdadera independencia, está demostrando que las cuantificaciones de patrimonios, aun siendo insuficientemente aplicadas o burladas, son eficientes para lograr la justificación de haberes, que siempre debe serles posible a los sujetos de investigación. Presunción de inocencia hasta que hable la Justicia. Arreciada la búsqueda de lo mal habido para conducir a esclarecimientos, se reafirma la necesidad de fortalecer cada órgano revisor de las administraciones de recursos desde ejercicios de poder, como se ha propuesto el Gobierno.
Es imprescindible mantener sobre firmes bases y herramientas efectivas la aplicación de auditorías a compras, inversiones y gastos. La exigencia de declaraciones juradas de patrimonios debe estar acompañada de medidas administrativas rigurosas de suspensiones y despidos cada vez que proceda. Con leyes de cero tolerancia a evadir la rendición de cuentas, pasando a la vía penal cuando resulten evidentes las intenciones criminosas de ocultar apropiaciones para el enriquecimiento. La opinión pública espera ver llegar la recuperación de valores frutos del peculado.
