Una excusa para la pobreza de escrutinios a cargo de órganos competentes, regidos antes por dirigencias de notoria incondicionalidad al poder, era la limitación de recursos para sufragar auditorías sobre dependencias estatales que por ética y profesionalidad deberían estar a cargo de calificados y suficientes revisores para peritajes de todo tipo.
Hoy, en función de visiones diferentes que pregonan tolerancia cero a la corrupción administrativa desde la jefatura del Estado, deben darse por desaparecidos los condicionantes adversos a la transparencia.
Rige una Cámara para el control contable que nació sin objeciones y sin evidencia de aspiración a que sus miembros vinieran a ser marionetas.
Una curación en salud aconseja, a fin de garantizar futuros cierres impecables de gestiones, que desde ya se perciba a un Congreso Nacional recurriendo a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, que no tarde en auscultar memorias ni escatimar solicitudes de información interna de entes gubernamentales, algo que además, pueden procurar bajo garantías legales los particulares y la prensa.
La Contraloría General de la República debe también brillar con independencia e iniciativas de vigilancia sobre actos administrativos y el juicio propio que muestra la Dirección de Compras y Contrataciones. Y la Cámara de Cuentas deben estar pertrechada idóneamente para certificar honestidad o lo contrario.
