Ante la realidad de factores alcistas relacionados con mermas de producción y de mayores costos de materias primas importadas, los efectos pueden ser peores para los consumidores si en algunos tramos de la intermediación de los productos de primera necesidad el afán de lucro triunfa sobre el sentido de los límites.
Es inaceptable que en medio de tensiones por la crisis económica, se pretenda ensanchar los márgenes de beneficios.
Las autoridades deben estar alerta a la posibilidad de que en medio de las pérdidas experimentadas en la cuarentena por los distribuidores de artículos esenciales, venga ahora una ola de encarecimientos para recuperar el terreno perdido.
La irracionalidad por afán de lucro haría más prohibitivos los precios para gente de bajos recursos, en perjuicio también de la clase media.
El problema estructural más perjudicial a los destinatarios finales de bienes es el exceso de participantes en la distribución.
El viaje de mano en mano hasta llegar a las ciudades convierte, principalmente, a los renglones de la agropecuaria en fuentes de excesivos beneficios para proveedores a costa del comprador.
El Estado ha fracasado en influir con mecanismos de mercadeo propios para que el agio no se pase de la raya. No basta con medidas de emergencia de corto alcance. La ansiada estabilización es quimérica.
La falta de regulaciones de mercado perjudica por igual a productores y consumidores.
El mimetismo de los colmadones
La falta de reglas ineludibles que definan con claridad sus fines, permitió que muchos establecimientos para la venta en general de comestibles y bebidas, entre otros artículos de consumos hogareños, devinieran en bares demasiado abiertos al público, casi siempre ruidosos, y con espacios para bailar que ahora las autoridades tratan de ponerles un «pare ahí» en atención a la pandemia.
Ha sido una desviación por permisividad de consecuencias contrarias a la convivencia social con contaminaciones sonoras y exhibición de excesos en ingestas alcohólicas adversa al interés de preservar a la niñez y a la adolescencia de acceso a sustancias que el propio Estado estima dañinas y les fija normas de moderación. Otros países restringen tales expendios subordinándolos a llenar requisitos para impedir daños físicos y morales a los entornos.
