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Las recomendaciones del grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo para emprender reformas en la Policía Nacional son la radiografía de una institución de orden público y protección ciudadana internamente desarreglada, sometida a una anterior ley supuestamente reformadora, inaplicable por ausencia de los reglamentos que ordena para la diversidad de operaciones y funciones administrativas.

Letras muertas que no entran en vigor como patrón de conductas incluso para el uso de la fuerza. Por omisión de límites a las actuaciones, oprimir el gatillo de las armas irresponsablemente ha tenido poca disuasión en el cuerpo de que más dispone el Estado para ejercer la violencia con legalidad, legitimidad y moderación. Hay que tomarle la palabra al Gobierno: la reforma policial debe ser imparable.

Ningún jefe policial, aun de buena hoja de servicios y decisión de actuar correctamente, ha podido llegar lejos rigiendo a esa institución sin el apoyo de reglas internas y profesionalidad que se hace representar en algunas ciudades y pueblos en locales inapropiados o desvencijados y hasta con pisos de tierra, habitados por agentes desmotivados y con poco entrenamiento.

Escasos de medios para el patrullaje eficiente, de oficiales del día que ni de papel disponen para registrar denuncias de ciudadanos afectados por la delincuencia. Han faltado recursos humanos y materiales para proteger vidas y patrimonios.