Las más de 2,500 juntas de agua que existen en el país nacieron por la necesidad de abastecer de agua a las poblaciones que no son cubiertas por el Estado a través de ANDA. En la zona rural, por ejemplo, sirven al 84.2 % de las personas que reciben agua por cañería. A pesar de su importancia y del rol que cumplen, no tienen un marco jurídico que las respalde, sino que se amparan en las figuras jurídicas de ADESCOS.
La situación de no reconocimiento propicia que ocurran casos como el de la colonia Santa Eduviges, en Soyapango, donde personal de ANDA acompañado de militares saboteó la tubería madre de la junta de agua que provocó la disminución en el acceso al agua de las comunidades durante la cuarentena domiciliaria por la pandemia COVID-19.
