En octubre de 1984 el Ejército Argentino organizó y e lejecutó el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estado en Tribunales. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal número 2 al convalidar el juicio abreviado suscripto por Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en 1984. El militar retirado admitió su responsabilidad y recibió una condena de cuatro años de prisión. La verdad jurídica queda establecida, ya que el peligro inminente era que el caso quedara impune, ya que Funes tiene 86 años y los otros dos imputados fallecieron. La Fiscalía quedaría entonces sin posibilidades de avanzar en la investigación, y ese fue uno de los motivos que llevó a impulsar el procedimiento al fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte.
Adriana fue querellante en la causa Guerrieri I y testigo única del hecho; estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121.
