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El Municipio de Cuenca y la Intendencia de Policía de Azuay, por separado, analizan posibles sanciones al centro comercial donde, la tarde del sábado 8 de enero del 2022, se desarrolló un evento de concentración masiva que no tenía los respectivos permisos.  

Esa tarde -en el patio de comidas- cientos de jóvenes se agolparon eufóricos para recibir a los conocidos ‘influencers’ Antonia Ignacia, de Chile, y Kevlex, de Ecuador. Interactuaron con la gente, firmaron autógrafos y bailaron Tik Tok. 

Eso se difundió a través de las redes sociales y cuando las instituciones de control llegaron al sitio, ya casi había concluido. Sin embargo, la Intendencia y el Municipio informaron que llegaron para suspender el evento y dispersar a los asistentes.  

Mientras tanto, en Pichincha, frente a la nueva ola de Covid-19 que se ha registrado en el país y sobre todo el incremento de casos en la provincia, la Prefecta Paola Pabón informó que en los subcentros de salud ubicados en Plaza de la República, Carapungo y la Villaflora se están realizando pruebas PCR a un costo de USD4.

Con la llegada de la variante ómicron al Ecuador, las autoridades sanitarias indicaron que existe una alta demanda de la población para hacerse las pruebas PCR por lo que podrían agotarse antes de la llegada del siguiente lote, de ahí que en los hospitales públicos del MSP se requiere de una prescripción médica para acceder al sistema de detección.

La Prefectura salió al paso a invitar a la población a acudir a los centros de salud de Pichincha Humana donde varios profesionales están atendiendo, tomando en cuenta que la detección es un factor primordial para mitigar el incremento de casos, pues las personas positivas pueden aislarse y evitar contagiar al resto de su entorno.

En el sector privado estas pruebas tienen un precio de USD40 y es de difícil acceso a personas vulnerables y de escasos recursos, por esta razón la Prefectura cobra un costo significativo de USD4, asumiendo el resto del valor.

Frente a ello, el asambleísta de CREO, Diego Ordóñez, cuestionó la decisión de la titular de la entidad provincial y la calificó como una viveza politiquera, incluso la invitó a rendir cuentas por asumir esos costos con dinero público, desconociendo la necesidad de atención de familias empobrecidas. Esto provocó que una vez más, el legislador sea blanco de críticas en twitter con el hashtag “vomitivo”, convirtiéndose en tendencia número 1.