Después de casi 20 años de vigencia de la Ley de Presupuesto Participativo en el Perú, este proceso social y económico se ha deteriorado significativamente.
Por ello, al iniciarse nuevas gestiones regionales y locales es prioritario emprender cambios sustanciales que garanticen efectividad a los mecanismos de participación ciudadana, pero también, de rendición de cuentas por parte de las autoridades, que contribuyan a recobrar nuestro tan golpeado Estado constitucional y democrático de derecho.
