El otoronguismo administrativo
Ningún esfuerzo en la lucha contra la corrupción será efectivo y sostenible si hay impunidad, es decir, si no hay sanción ejemplar a los corruptos, tanto en la vía administrativa, civil y penal.
La implementación de procesos disciplinarios dentro del sistema de gestión de recursos humanos en el Estado no ha llevado a la sanción ejemplar de malos funcionarios que cometieron graves inconductas funcionales generando perjuicios económicos a la nación, con graves afectaciones al servicio público.
Y es que también persiste el “otoronguismo administrativo”, especialmente cuando tanto los “jefes” como los “subalternos” pertenecen a la organización delictiva que está detrás del acto de corrupción y por tanto no existe incentivo alguno a que los primeros sancionen adecuadamente a los segundos.
La reciente recuperación de la capacidad sancionadora por parte de la Contraloría es un paso en la dirección correcta, porque reducirá significativamente la impunidad en los casos de corrupción administrativa develados en nuestros informes de control.
La escasa efectividad en las sanciones civiles y penales es preocupante porque genera incentivos perversos que conllevan al incremento racional de casos de corrupción. Durante los últimos doce años, en el periodo que va del 2009 a junio del 2021, considerando solo los casos que ha enviado el Sistema Nacional de Control al Sistema de Justicia, como resultado de servicios de control posterior, se ha imputado presunta responsabilidad civil y penal a más de 20,600 funcionarios públicos generando más de 3400 procesos judiciales. Asimismo, se ha postulado la recuperación de los perjuicios económicos sufridos por el Estado, por medio de demandas civiles y reparaciones civiles contenidas en las denuncias penales por casi 5000 millones de soles.
¿Cuántos procesos han concluido? Sólo 396. A nivel de individuos, de los 13,100 imputados en materia penal solo fueron condenados con prisión efectiva 83, de los cuales la mitad está prófugo. Y en materia de reparaciones civiles, los montos sentenciados a favor del Estado en los procesos civiles y penales alcanzan a 84 millones, de los casi 5 mil millones de soles requeridos al sistema de justicia.
Así como los recientes avances en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la inconducta funcional, particularmente en el ámbito administrativo, se fundamentan en una profunda reforma estructural del Sistema Nacional de Control, no podemos dejar de mencionar que la reforma del Sistema Nacional de Justicia es un imperativo sin el cuál los esfuerzos en esta lucha no serán sostenibles.
