¿Qué estamos haciendo para tener un país más limpio? La regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, expuesta por primera vez en el 2004 durante la Cumbre del G8, plantea desarrollar hábitos en la población para el consumo responsable y el manejo de residuos, que contribuyan a reducir los niveles de contaminación en el mundo. Pero ¿cuánto de estas prácticas han generado efectivamente políticas públicas en nuestro país? Parece que muy pocas.
Actualmente el Perú genera más de 21 mil toneladas de residuos, siendo Lima el mayor generador de basura con más de 18 mil, que van a parar a los cuatro rellenos sanitarios formales que hay en la ciudad capital.
En total, los 65 rellenos sanitarios existentes a nivel nacional captan solo el 45% de los residuos que se generan en todo nuestro territorio, el resto, es decir, un 55% de basura va a parar a los 1637 botaderos ilegales que aún siguen funcionando y contaminando nuestro país y el planeta, y esto incluye lagos, ríos y lagunas.
Además de ello, preocupa saber que, de acuerdo al Minam, hay un déficit de 190 vertederos oficiales; solo como ejemplo, Arequipa y Tacna no cuenta con un relleno sanitario en pleno siglo XXI.
Y estos botaderos han ocasionado la pérdida de 2191 hectáreas de terreno, que equivale aproximadamente al distrito de San Juan de Miraflores, y que hemos convertido en tierra infértil.
Sin embargo, de acuerdo al Minam, 30 de los 1637 botaderos ilegales, aún pueden ser reconvertidos para tener un área de disposición final de residuos de manera formal.
Ante esta problemática, y con las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, que darán paso a la renovación de 25 gobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1693 distritales, realizamos el operativo de control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, a fin de coadyuvar a que este servicio, que es esencial para las municipalidades, esté adecuadamente planificado para el año 2023, y así garantizar la sostenibilidad para el siguiente mandato regional o local.
Los resultados de este megaoperativo nos dan una radiografía de la grave situación que enfrenta nuestro país a diario, evidenciando que casi 700 municipalidades presentan riesgos en el servicio de limpieza pública como:
acumulación de basuras en las calles en 473 municipios; inexistencia de ordenanzas que regulen la supervisión de los residuos en 295 municipios; y se carecen de instrumentos o planes de gestión de los desechos en 265. Asimismo, más de la mitad de las municipalidades del país registran morosidad en el pago de los arbitrios del 2021, lo cual evidentemente limita el financiamiento, sostenibilidad y calidad del servicio de limpieza pública.
Grave es también constatar que en el 71% de los gobiernos locales no se ha verificado que los obreros que brindan este servicio cumplan los exámenes médicos que garantice un buen estado de salud ante las enfermedades a las que están expuestos todos los días. En el 55% de municipios, los trabajadores no tienen vacuna antitetánica, mientras que en el 63.9% no cuentan con seguro complementario de trabajo de riesgo; y en el 12.8% de municipios, los obreros no han sido vacunados con la dosis completa contra la covid-19.
También es preciso tomar en cuenta que la Ley 31254 que prohíbe la tercerización de trabajadores en la gestión de sus residuos sólidos en las municipalidades, regirá a partir del 8 de julio de este año, y ello obliga a las entidades locales a adecuarse y prepararse para antes de esta fecha.
Tener un país limpio es tan importante como el acceso a agua potable. La contaminación afecta directamente nuestra salud física y mental y aumenta las tasas de mortalidad y la morbilidad de muchas enfermedades. Las elecciones regionales y municipales están a la vuelta de la esquina, por ello, debemos exigir a nuestras actuales autoridades garantizar la adecuada planificación del servicio para el 2023 fin de contribuir a tener un país limpio el siguiente año.
