El último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2021 revela el escaso o nulo progreso en la lucha contra este flagelo en el Perú y a nivel mundial que afecta seriamente la administración pública de los Estados de todos los continentes en plena pandemia por la covid-19, y en el cual nuestro país -como resultado del análisis de 180 naciones del mundo- ha obtenido una puntuación de 36 sobre 100 puntos, lo que refleja que aún persiste una alta sensación de corrupción.
La corrupción ha afectado gravemente los cimientos de las instituciones en los tres niveles de gobierno en el Perú, y le ha quitado por décadas muchas oportunidades a nuestras comunidades porque los fondos que deberían usarse para garantizar servicios y bienes a la ciudadanía, terminan en los bolsillos de personas inescrupulosas. Ello hemos podido concluir de las estimaciones realizadas por la Contraloría sobre los perjuicios económicos causados al país por la corrupción y la inconducta funcional del 2020, en el cual el país habría perdido más de 22 mil millones de soles.
Además, casos como el revelado por la Contraloría sobre “transferencias fantasmas” nos ha ratificado que existen comportamientos ilegales sostenidos que suscriben funcionarios y servidores públicos y que han permitido la transferencia irregular de más de 35 millones de soles en algunos gobiernos regionales y municipalidades de distintas partes del país a cuentas de personas sin vínculo o servicio brindado al Estado.
Otra estadística preocupante es que en los últimos 3 años se ha detectado que, de un total de más de 21 mil funcionarios y servidores públicos con responsabilidad civil, penal y administrativa, a 8 mil se les ha identificado presunta responsabilidad penal, y deberían estar siendo ya juzgados a nivel fiscal y judicial.
Esta dramática realidad arrastra el deterioro en la credibilidad y confianza en las instituciones y de quienes la conforman, sumado a la impunidad evidente en muchos casos. La solución a este fenómeno necesita no solo de compromisos sino de medidas concretas que contribuyan a identificar, sustentar y garantizar la sanción de los funcionarios corruptos, y esa línea, respaldamos la iniciativa de reforma constitucional para que la Contraloría, y otras entidades, tenga la facultad de pedir que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios que estamos investigando en los servicios de control.
Iniciativa que se da en un escenario en el que necesitamos empezar a ver y analizar a las personas -a los funcionarios, servidores públicos y a su entorno- con evidente participación en casos de corrupción e irregularidades en el manejo de los fondos del Estado. Y para ello, es acertado acceder a información que nos permita calcular el desbalance patrimonial y conocer a dónde se va el dinero perdido y la coima producto del mal uso de fondos públicos.
No se trata de acceder a información de cualquier ciudadano, sino únicamente de quienes administren fondos públicos y que estén inmersos en una acción de control.
Y esta facultad no debe hacer temer al funcionario honesto y competente, que cumple las normas vigentes para la buena y eficiente administración y gestión de fondos públicos. Porque quien nada debe, nada teme.
Recientemente el Pleno del Congreso aprobó en primera votación esta relevante reforma constitucional, y confiamos en que la representación parlamentaria compartirá el sentir de la ciudadanía y reconfirmará también en una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, su apoyo a este mecanismo que permitirá enfrentar y luchar de manera eficaz contra la corrupción y la inconducta funcional.
