Días pasados, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas donde le presentó unos 300 planteos sobre trabas regulatorias existentes en nuestro ordenamientos jurídico y económico.
Los aportes recogidos en ese período fueron enviados de forma anónima, e incluyen información sobre los sectores afectados, los organismos involucrados, el contenido de la normativa señalada y el impacto negativo asociado.
El análisis de los datos reveló que los sectores más representados fueron el comercio mayorista y minorista, la ganadería y agricultura, los servicios financieros y de seguros, la salud y la administración pública.
Por su parte, los organismos más frecuentemente mencionados incluyen al propio MEF, diversas intendencias departamentales, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio del Interior, elMinisterio de Ambiente y el Banco Central del Uruguay.
Esto es en el marco del proyecto “Uruguay Más Simple” una iniciativa del centro de estudios, desarrollada entre abril y junio de este año, que se propuso identificar normativas que, según los ciudadanos, obstaculizan la actividad económica o dificultan la interacción entre la población y el Estado.
Según CERES, este relevamiento podría ser un insumo para el proceso de elaboración del próximo Presupuesto Nacional, que el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento en agosto.
La institución considera que la simplificación normativa puede favorecer tanto la eficiencia del Estado como el desempeño de empresas, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos.