La dolarización supone, a la par de un riguroso ordenamiento fiscal y monetario, que el gobierno pueda hacerse de dólares para comprar la base monetaria en simultáneo a los depósitos y otros activos financieros en manos de los ahorristas. Todo ello tiene un profundo impacto en la relación de la Nación con las provincias, por múltiples vías. En primer término, un programa de austeridad fiscal supone esfuerzos compartidos entre todos los actores del sistema político.
En segundo término, el cambio de régimen económico tiene también profundas consecuencias en cuanto a los sectores productivos asentados en las diferentes provincias. En particular, las provincias que componen la zona núcleo agropecuaria son responsables de la generación del 70% de las divisas que alimentan a los diferentes sectores económicos.
En tal sentido, el capítulo fiscal excluido del proyecto de Ley Ómnibus no sólo contemplaba el aumento de la carga tributaria para la producción agropecuaria sino también para el resto de los sectores industriales.
Por ello, no es casual que los primeros pasos orientados a un programa de dolarización dispare una fuerte reacción de los gobernadores de la poderosa Región Centro, en simultáneo a todos un conjunto de actores que se ven afectados por el profundo programa de desregulación incorporado en el proyecto de ley.
