Una sociedad democrática que se dice respetuosa de derechos fundamentales, no puede dejar de lado la libertad de expresión y el derecho a la protesta o manifestación, ambas figuras, en un contexto de revisión de los poderes del Estado, permiten visibilizar los logros, pero también las falencias del mismo. Alzar la voz ante la injusticia también puede ser un indicador que permita medir la buena o mala gobernabilidad.
Hemos dicho que los individuos y grupos tienen el derecho de promover la protección y ejercicio de los derechos humanos a través de acciones enfocadas a la sociedad. Como componente de este principio, las personas tiene derecho a publicar, impartir y difundir públicamente a terceros sus opiniones y conocimientos respecto de los derechos humanos, sin embargo, la ejecución de actos violentos con el propósito de disminuir la capacidad física y mental de las defensoras y defensores, o las amenazas de que se les va a infringir tal sufrimiento, constituyen violaciones al derecho a la integridad personal y en ciertas circunstancias podrían ser considerados como torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso la muerte.
