Por lo pronto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya avaló que la Presidencia, legisladores, gobernadores y servidores públicos en general puedan promover la participación de la elección judicial, pero sin impulsar a candidaturas en particular y que los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinados aspirantes o candidaturas.
Sabemos en qué va a parar eso, y escucharemos una cacofonía de ladridos empujando a sus favoritos... y en el fondo, creo que es un avance.
Yo, por coherencia, defiendo que los funcionarios puedan hablar. Pero no me hagan reír: en este país, la libertad de expresión es solo otra arma arrojadiza. Y el que la esgrime hoy, mañana será el primero en querer silenciarla.
