Los tres periodos de gobierno de Evo Morales fueron buenos para los bolivianos: la economía creció en promedio 5 por ciento anualmente; la inflación cayó de 5 a 1.5 por ciento; la pobreza se redujo casi a la mitad al pasar de 66 a 35 por ciento; el PIB per cápita se duplicó al crecer de 4 mil a 8 mil dólares. En otras palabras, Morales comenzó a atender con eficacia el justo reclamo económico y social de los bolivianos. ¿Por qué entonces esa severa crisis política que lo sacó del poder y deja una sociedad dividida y enfrentada violentamente?
Como siempre, el gobierno gabacho utiliza la Organización de países americanos, en la manera que corresponde a la interpretación de americano como perteneciente a Estados Unidos. Las delegaciones de México y Estados Unidos manifestaron sus diferencias respecto a la actual crisis en Bolivia durante la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente en cuanto al punto de si hubo o no un golpe de Estado en el país andino. Con mucho conocimiento de causa, el burro habló de orejas:
“Estados Unidos rechaza la versión de que esto sea un golpe de Estado” afirmó Carlos Trujillo, representante de dicho país ante la OEA durante su intervención. Asimismo, afirmó que la renuncia del ahora exmandatario Evo Morales fue voluntaria y acorde al orden constitucional boliviano.
La delegación estadounidense cerró su participación condenando la “hipocresía” de aquellos Estados miembros que, con sus posturas en torno al conflicto, “han violentado el principio de no injerencia”.
Una serie de 16 audios en los cuales líderes de oposición llaman a un golpe de estado contra el recién reelecto presidente Evo Morales fueron filtrados a través de varias plataformas sociales. Existe la presunción de que el plan desestabilizador se habría coordinado desde la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia previo a los comicios y se señala a Ted Cruz y Marco Rubio con tener contacto directo con la oposición boliviana. El plan se centra en que si Evo Morales ganaba las elecciones del pasado 20 de octubre se instauraría un gobierno de transición cívico-militar. El nuevo gobierno alegaría fraude en proceso electoral y no reconocería la victoria electoral de Morales.
