Sin anunciar una reforma policial o lo que sea que ordene la casa de quienes tienen que poner el orden el gobierno anunció la salida de 350 oficiales de la policía, 120 de ellos con rango de coroneles y tenientes coroneles.
Romper un entramado de corrupción y complicidades en la policía es el primer paso para cualquier intento de reordenamiento de un cuerpo que nació podrido y que está en metástasis hace mucho tiempo.
El caso del asesinato de la pareja en Villa Altagracia fue cuadrado para ser uno más, pero la indignación que ha provocado a nivel nacional ha forzado o adelantado decisiones. Es increíble que una investigación que en primerea instancia haya sido realizada por el inspector general de la policía y el encargado de asuntos internos culmine rápidamente con el sometimiento de seis uniformados y sin un solo porqué aclarado. Una espera que los fiscales investiguen y no serán los de Villa Altagracia porque como en todos los pueblos se convierten en subalternos de la PN. En este caso el ministerio publico debe reforzar la investigación fuera de la policía.
Una de los hándicaps de cualquier investigación en el país es la pobreza investigativa de la policía que de vez en cuando nos muestra un atisbo de modernización que no pasa de las relaciones públicas cuando nos habla de su famosa policía científica pero que solo está disponible en la capital y en menor medida en Santiago y que solo sirve en los casos sonoros.
Hace décadas que la PN creó un departamento de asuntos internos que también forma parte de su entramado de encubrimientos.
Todo el mundo sabe que en la uniformada hay grupos y que esos grupos de vez en cuando se convierten en bandas con servicios que van desde la protección de delincuentes hasta la ejecución al servicio de terceros.
Ojalá que lo que todo el mundo conoce sea reconocido por quienes tienen que tomar las decisiones de garantizarnos un mínimo de convivencia.
