La campaña electoral del 28M ha comenzado y con ella se pone en evidencia una vez más la obsolescencia y el sinsentido de la actual Ley Electoral, que data de 1985 y que apenas ha sufrido modificaciones desde entonces. Una ley que impide que los ciudadanos puedan conocer y valorar el trabajo de los candidatos y los partidos políticos, que limita la libertad de expresión y de información, y que favorece la desigualdad y la falta de transparencia
