Recientemente se reformó la Constitución Mexicana para que ningún agresor o deudor alimentario pueda acceder a un cargo de representación popular, un cargo dentro de la administración pública o en el Poder Judicial. Esta exigencia de muchos años implica grandes retos para las instituciones políticas del país, para que, con esta medida, se pueda garantizar una vida libre de violencia desde quienes ejercen el poder.
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