Editorial.
"La reciente decisión del Gobierno de tratar el espectro radioeléctrico como una mercancía más encendió una alarma necesaria en el país. No se trata de un trámite técnico ni de una modernización administrativa: estamos frente a una decisión estructural que puede redefinir quiénes pueden comunicarse y quiénes quedarán fuera del debate público. Y cuando está en juego la libertad de expresión, nada es neutro..."
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