Mucho se habla de la crisis educacional que se ha ido gestando en Chile desde que la ideología neoliberal tomó las riendas de su gestión. Pero debido a las lógicas centralistas de este país, la que más ha sufrido el impacto de esa visión mercantilista es la educación rural. Esta crisis se hace más que evidente cuando se decidió salvar el año escolar a través de un escuálido, caótico e inconsulto plan de “educación digital” impulsado por el Ministerio de Educación.
Hay una brecha que siempre ha existido entre la ciudad y el mundo rural, principalmente en la disponibilidad de bienes y servicios. Uno de esos servicios fundamentales para el mundo de hoy es internet; según cifras del Ministerio de Desarrollo Social (2019), 632 localidades en 170 comunas del país (de un total de 346) no poseen acceso a la red. Incluso, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (2019), hay todavía muchas zonas rojas dentro de la propia Región Metropolitana. Por ejemplo, en la comuna de María Pinto (ubicada en la provincia de Melipilla, 60 kilómetros al poniente de Santiago) solo el 1,1 % de los hogares cuenta con internet fija. Peor aún está la comuna de Alhué (en la misma provincia) donde, según dicho estudio, no existe hogar alguno con conexión a red fija.
Las tecnologías de información y comunicación (TIC), como las aplicaciones para uso educativo, son fundamentales en el trabajo pedagógico de hoy. Entregan herramientas para que las instituciones educacionales, junto con las y los docentes, puedan darle un nuevo sentido al deseo de aprender y a los procesos para formalizar esos deseos. Esto adquiere mayor importancia en el ámbito rural, donde las grandes distancias a los establecimientos educacionales se pueden acortar a través de un computador y una conexión eficiente, impulsando el trabajo situado, colaborativo y la investigación.
