El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) paga precios tan altos como en Estados Unidos por terapias contra el cáncer, se ve forzado a comprar decenas de medicamentos de una marca particular a precios desorbitados, e invierte sumas millonarias en fármacos de dudosa eficacia. En todo ello juega un papel esencial el uso de amparos judiciales, un fenómeno que acaparó el 46 % del presupuesto destinado a medicamentos en 2024.
