Antes habían sido los indultos presidenciales concedidos en la víspera del Año Nuevo. Pero después de los últimos episodios de violencia contra carabineros, y en particular tras el asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpué, la centroderecha tomó decididamente la bandera de la seguridad no sólo para criticar al gobierno, sino también para ordenar sus propias filas en torno a un tema que tradicionalmente le ha sido cómodo.
La potente instalación del tema en la agenda ha dado pie para el despliegue de sus liderazgos mejor posicionados para una eventual postulación presidencial: Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y Germán Codina, todos alcaldes.
Las interpelaciones públicas al gobierno y a los partidos oficialistas frente al tema han ido en paralelo con la reactivación y tramitación express de las leyes relativas al tema, algunas presentadas por el gobierno y otras como la ley Nain-Retamal, por la oposición. Justamente en torno a esta última, que busca aumentar las penas en contra de quienes cometen delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería, es donde se ha instalado la mayor fricción no solamente entre oposición y gobierno, sino también dentro del propio oficialismo.
Las principales diferencias giran en torno al artículo que concede una presunción del uso justificado de las armas de servicio de los uniformados. El propio gobierno ha advertido sobre los riesgos de generar una ley de “gatillo fácil”, frase que desde la izquierda han adoptado para motejar este proyecto de ley. Fue justamente esa expresión la que generó la molestia de los parlamentarios del PS con la ministra del Interior, Carolina Tohá; algo de lo que la secretaria de Estado debió hacerse cargo en una reunión ayer.
También ayer, en la discusión en particular de la ley Nain-Retamal en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se rechazó una indicación que el gobierno consideraba fundamental, que buscaba restringir el uso de las armas de servicio de efectivos policiales y de Gendarmería sólo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad. Aunque los senadores Iván Flores (DC) y José Miguel Insulza (PS) votaron a favor, los votos en contra de los senadores de centro derecha Ossandón, Kusanovic y Kast sepultaron la indicación. Esto llevó a los ministros presentes en la discusión a retirarse de la Comisión. La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que el rol de colegislador del gobierno había quedado inhabilitado, y que lo que restaba era un debate propio entre parlamentarios y sus indicaciones. “A veces”, dijo Tohá, “uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley”.
Hoy, el periodista de La Tercera Domingo Juan Andrés Quezada revisa la estrategia seguida por la centroderecha en torno a este tema y la influencia que todo esto puede tener en la campaña para la elección de constituyentes del 7 de mayo.
