Fue en abril de 1990, un mes después de asumir el gobierno -concretando el regreso de la democracia en Chile- que el presidente Patricio Aylwin dictó el decreto que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de “contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años”.
La así llamada Comisión Rettig -por quien la lideraba, el jurista Raúl Rettig- tenía un plazo inicial de seis meses, prorrogables por tres meses más, para hacer un trabajo que comprendía la recopilación de los antecedentes sobre posibles víctimas de la represión que hubieran sido asesinadas o desaparecidas. Para ello recibieron las denuncias de familiares de víctimas y de organizaciones de Derechos Humanos, que serían cotejadas con informes, reportes u otros antecedentes que contribuyeran a determinar la verdad de lo sucedido con la mayor precisión posible. Su informe final fue entregado al presidente Aylwin el 8 de febrero de 1991.
Unas semanas después, el 4 de marzo, Aylwin pronunció un discurso televisado por cadena nacional que quedaría fijo en la memoria de los millones de chilenos que la vieron. “Compatriotas”, comenzó diciendo. “Esta noche me dirijo a ustedes para tratar un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años”.
La Comisión Rettig recibió un poco más de 3.400 denuncias. El segundo volumen de su informe contiene breves reseñas biográficas, en orden alfabético, sobre esas víctimas. El primero de ellos es Luis Antonio Abarca Sánchez, un obrero textil que tenía 22 años cuando fue detenido, el 26 de octubre de 1973, en la vía pública en la Población La Victoria. Fue ejecutado al día siguiente, y su cadáver se encontró días después en el Instituto Médico Legal. El último de la lista es Eduardo Fernando Zúñiga Zúñiga, militante comunista de 44 años detenido en agosto de 1974 en Peñalolén. “Se lo vio recluido en Cuatro Álamos”, consigna el texto, antes de concluir: “Desde entonces, se encuentra desaparecido”.
Fue con este material que la empresa de tecnología y de visualización de datos Unholster desarrolló, en Alianza con La Tercera, la plataforma “Chile Visualizado: el mapa de las víctimas en dictadura”. Se trata de un proyecto que busca darles visibilidad a los más de tres mil casos de ejecutados y detenidos desaparecidos entre 1973 y 1990, georreferenciándolos en un mapa de Chile para determinar el lugar donde cada víctima fue detenida o vista con vida por última vez.
Cristóbal Huneeus, socio y director de Data Science de Unholster, describe hoy este trabajo y reflexiona sobre la historia que cuenta el horror visualizado.
