La acción de grandes bandas de crimen organizado en nuestro país es un problema del que se viene advirtiendo hace años, pero su magnitud se revela ante el público general cada cierto tiempo con noticias que dan cuenta de su poder, su violencia y el alcance de sus tentáculos. Para peor, los límites de su acción parecen estar corriéndose rápidamente.
Hace casi un mes, gracias a las escuchas telefónicas en el marco de una investigación contra individuos conectados con el peligroso grupo venezolano Tren de Aragua, las autoridades pudieron desbaratar un plan para atentar contra el magistrado que llevaba esa causa. Y las amenazas contra los jueces se han repetido y hecho más frecuentes. También contra otros agentes del Estado como los gendarmes, tema que abordamos en nuestro episodio de ayer.
Desde el Ministerio Público han constatado desde el inicio cómo el fenómeno fuertemente influenciado por la inmigración descontrolada y la consecuente instalación de bandas extranjeras ha crecido. Sus advertencias iniciales dieron paso a alarmas que al menos en parte han sido recogidas por las autoridades. En mayo pasado, por ejemplo, se promulgó una ley que moderniza los delitos de delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, algo que desde la Fiscalía valoran.
Pero el problema es complejo y las bandas siguen una dinámica que hace particularmente complicada la labor.
Hoy conversamos con Fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, sobre el actual panorama del crimen organizado en nuestro país y los principales desafíos a la hora de perseguirlo.
