El que en un momento fue su proyecto estrella y en gran medida la plataforma de lanzamiento de un liderazgo nacional que lo llevó a ser precandidato presidencial, se ha transformado para Daniel Jadue en la fuente de uno de sus dolores de cabeza judiciales. La farmacia popular instaurada en su comuna dio origen a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), una vez que la iniciativa fue replicada en otros lugares. El alcalde de Recoleta era su líder. Son justamente sus acciones en ese rol las que están en el centro de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que el año pasado pasó a ser reservada al invocar eventuales delitos de lavado de activos. La acusación puntual contra Jadue proviene de una empresa proveedora de insumos que se autodenunció por haber pagado un soborno al edil, en forma de un “bono” consistente en productos médicos en retribución por el acceso al negocio de convertirse en proveedor de las farmacias populares. Según lo revelado por La Tercera Sábado el pasado fin de semana, la Fiscalía alista la formalización del alcalde Jadue por el delito de cohecho, en un caso que guarda similitudes con otra investigación en curso contra Jadue: el de las “donaciones” pagadas por la empresa Itelecom en el llamado caso led.
En el caso de las farmacias, el alcalde enfrenta además una investigación de la Contraloría que también ha tenido novedades en las últimas semanas.
La periodista de La Tercera Leslie Ayala comenta el escenario que enfrenta el alcalde Daniel Jadue por su accionar en relación a la administración de las Farmacias Populares.