Sobrevivir al cáncer es un logro para pacientes y sus familiares -más cuando se trata de niños-, que para muchos se transforma en la experiencia más determinante de sus vidas. Suele ser también el inicio de un capítulo de un impacto enorme: vivir con las consecuencias. Desde las secuelas de salud hasta la carga económica que deja una experiencia así, pasando por el terror a la reaparición de la enfermedad con cada nuevo inconveniente de salud.
Pero hay otra consecuencia de la que se habla poco y que actualmente acompaña al paciente por toda su vida. Un sobreviviente de cáncer se transforma en un sujeto indeseable para cualquier institución que evalúe entregar un crédito o un préstamo. Aun cuando la enfermedad lleve años en remisión, queda como mancha indeleble en los antecedentes económicos de una persona cuya única “culpa” fue haber superado una enfermedad potencialmente mortal.
Es un castigo del sistema que actualmente dos proyectos de ley buscan corregir. Se trata de lo que se ha llamado “el derecho al olvido oncológico”. En la cámara alta, un proyecto presentado por el senador Matías Walker fue votado en general y aprobado por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Salud del Senado. El texto busca prohibir la solicitud de información oncológica después de transcurridos cinco años del fin del tratamiento del paciente. En la cámara baja, un proyecto similar fue presentado en la comisión de Economía.
Se trata de algo que parece de sentido común -como demuestra su apoyo transversal- pero que recién en los últimos años ha comenzado a sancionarse en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa.
Hoy conversamos con Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos, sobre el contexto, los alcances y la importancia de consagrar el llamado derecho al olvido oncológico.
