El problema ha estado literalmente a la vista de todo el país: cientos de miles de personas en nuestro país no tienen acceso a la vivienda y acuden a soluciones como vivir de allegadas, en campamentos o derechamente en la calle. En números, se calcula que son más de 670 mil. Proyectando el problema, instituciones como la ONG Déficit Cero han calculado que la demanda habitacional llegará al millón y medio de familias para el año 2030.
El gobierno de Gabriel Boric asumió el tema como una de sus prioridades al asumir, y presentó un Plan de Emergencia Habitacional que contempla la construcción de 260 mil viviendas dentro de su período de administración. Aunque es a todas luces un número insuficiente en comparación a la dimensión del problema, es al mismo tiempo un plan ambicioso que algunos actores han calificado incluso de irreal. En el proceso, se han identificado obstáculos importantes como el aumento del precio del suelo en relación al valor de las viviendas. Pero también ha enfrentado contratiempos en la propia gestión del ministerio de Vivienda desde la explosión del escándalo de la Fundación Democracia Viva y el llamado caso Convenios. En las últimas semanas, la discusión de la ley de usurpaciones y el consecuente veto presidencial han instalado el debate en las condiciones que podrían estimular o inhibir la inversión en viviendas o la solución del problema de los campamentos en tomas irregulares.
Es un panorama que preocupa a los diversos actores que han trabajado en torno a este tema, como la mencionada Déficit Cero, una iniciativa formada por Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. La organización ha elaborado una propuesta que incluye la identificación de áreas para el desarrollo de planes de gestión territorial y la promoción de instancias de trabajo entre actores públicos y privados.
¿Por dónde puede pasar una solución a este problema? Hoy conversamos con el Director Ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen.