Es una realidad que han vivido miles y de la que muchos más, con mayor o menor cercanía, hemos sido testigos. El embarazo mientras se cursan estudios superiores supone contratiempos, problemas y sacrificios que aún si se cuenta con una red de apoyo se hace ineludibles. Mucho más, obviamente, si no se tiene colaboración alguna. Es algo que históricamente ha acentuado aún más las brechas de género y donde el derecho a la educación y la igualdad ante la ley se ven, por decir lo menos, relativizados. Según un estudio del año 2015, un poco más de la mitad de los estudiantes con hijos desertan de su carrera, y es fácil entender por qué. Hasta ahora no existen normas o políticas públicas que obliguen a universidades, institutos o centros de formación técnica a entregar apoyos que permitan a las estudiantes continuar con sus estudios o que incentiven la corresponsabilidad. Más allá de la maternidad y paternidad, otro grupo de estudiantes ha tenido que llevar su carga por su cuenta: aquellos que ejercen como cuidadores de personas dependientes, ya sean menores, familiares enfermos o de edad avanzada.
Aunque varias instituciones han adoptado políticas orientadas a facilitar las cosas para estos estudiantes, hay asuntos que sobrepasan por mucho sus facultades, como el acceso a la gratuidad o a las becas de alimentación, por ejemplo.
Fue en respuesta a esta problemática que un grupo de diputadas presentaron un proyecto hace casi un año. Según su enunciado, la moción de Camila Rojas, Emilia Schneider, María Francisca Bello, Eduardo Cornejo, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Juan Santana, Daniela Serrano y Carolina Tello “protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas”. Es decir , extiende la protección no sólo a madres sino también a padres -siguiendo el concepto de corresponsabilidad-, y también busca hacerse cargo de la situación de aquellos estudiantes que deben hacerse cargo de familiares dependientes. Según se lee en el texto, el proyecto “tiene como objetivo proteger y asegurar derechos a estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente”.
Entre otros puntos, la ley extendería el beneficio de prenatal maternal y post natal parental a los estudiantes para que estén eximidos de asistir presencialmente a clases, se les prepare un calendario especial de evaluaciones y se acuerde con las autoridades un plan mínimo de notas y contenidos.
El proyecto de ley fue aprobado y despachado por la cámara baja a fines de marzo. El lunes de la semana pasada, la Comisión de Educación del Senado lo aprobó. Ahora debe pasar a la sala de la cámara alta y luego esperar las indicaciones de parlamentarios y del Ejecutivo. Aunque en la comisión se aprobó con unanimidad, de esa discusión se desprende que las posibles modificaciones podrían referirse al financiamiento, algo para lo que la Subsecretaría de Educación se comprometió a buscar alternativas.
Como sea, parece evidente que una problemática que parecía tan normalizada como invisibilizada contará al fin con una respuesta desde el Estado. Eduardo Hebel, rector de la Universidad de la Frontera, UFRO, ha sido testigo de la realidad de las estudiantes en esta situación desde hace años, tanto como médico como académico y autoridad universitaria. Hoy ve con satisfacción cómo un proyecto del que se siente parte avanza en su camino a convertirse en ley. En el episodio de hoy también escucharemos testimonios de algunas estudiantes que recalcan la necesidad de contar con una protección como la que entrega esta ley.
