La privatización de la Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sindicatos, docentes y expertos en educación. Esta política, promovida por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, ha generado una serie de consecuencias preocupantes tanto en la calidad educativa como en el acceso equitativo a la formación.
1. Desvío masivo de fondos públicos a centros privados
Uno de los puntos más polémicos es la transferencia de fondos públicos hacia centros de FP privados. Según datos de la propia Consejería de Educación, en el curso 2023-2024 se destinaron más de 110 millones de euros a financiar plazas en centros concertados y privados de FP de Grado Medio y Superior. Esta cifra supone un incremento de más del 200% respecto a hace una década, y supera ampliamente el presupuesto asignado a infraestructuras y recursos para centros públicos.
2. Aumento de la oferta privada frente a la pública
Mientras la demanda de FP no deja de crecer, especialmente en especialidades técnicas y sanitarias, la oferta pública no se ha expandido al mismo ritmo. Por ejemplo, en el curso 2022-2023 se quedaron más de 25.000 estudiantes sin plaza en FP pública, según cifras de CCOO. Esta escasez ha sido aprovechada por centros privados, muchos de los cuales reciben subvenciones, lo que refuerza una red de formación lucrativa con recursos públicos.
3. Calidad educativa en entredicho
Los centros privados suelen priorizar la rentabilidad sobre la calidad formativa. Diversos informes señalan una menor dotación de medios materiales, contratos precarios del profesorado y currículos ajustados al mínimo para reducir costes. Además, la falta de supervisión rigurosa agrava los riesgos de una formación deficiente.
4. Desigualdad en el acceso
La privatización introduce un filtro económico y social: aunque muchos centros están subvencionados, los costes indirectos (matrículas, materiales, uniformes, transporte) pueden ser prohibitivos para familias de renta baja. Esto genera una segmentación social, donde los alumnos con más recursos acceden a mejores opciones formativas, y los demás quedan relegados o excluidos.
5. Desmantelamiento progresivo de lo público
En lugar de invertir en mejorar los centros públicos, se externalizan los servicios a empresas privadas, algunas con intereses lucrativos o vínculos políticos. Este modelo debilita lo público, no solo por falta de financiación, sino también por pérdida de alumnado, recursos humanos y legitimidad.
