Hemos sostenido -al parecer el Gobierno ha terminado por entenderlo -que el camino para introducir necesarias reformas al sistema de administración de justicia no puede ser el del "Fast track", reservado exclusivamente para la implementación del Acuerdo de Paz. Y que tampoco debe confiarse al Congreso, dados los intereses políticos y judiciales cruzados que hay de por medio, y los antecedentes de inexequibilidad sobre la Comisión de Aforados.
Ahora el Ejecutivo se dispone a tramitar la convocatoria a un referendo para que sea por esa vía que se apruebe la reforma a la justicia.
