Está claro -y lo dijo el Tribunal Constitucional- que, a la luz de la Constitución española, las autoridades catalanas no podían convocar al pueblo para llevar a cabo un referendo en el que se consultaba sobre si se quería o no independizar a Cataluña de España y pasar a ser un Estado organizado como república.
Pero lo ocurrido ayer en las ciudades catalanas, lejos de significar la reivindicación de un criterio jurídico por la unidad española y de mostrar al mundo que se adelantaba un evento contrario a la legalidad, fue una demostración de innecesaria brutalidad, de cobardía policial y de violencia.
