Una investigación realizada por The Cato Institute ha revelado lo que denomina «el mayor fraude en la historia del sistema de inmigración de los Estados Unidos». Más de 320.000 personas procedentes de los países incluidos en la lista de prohibición del presidente Trump, y cuyos trámites de inmigración se encuentran en curso, no recibirán el reembolso de las cuotas de solicitud. Los funcionarios consulares han recibido instrucciones de no informar ni advertir a los solicitantes que se presentan a sus entrevistas de que están sujetos a una prohibición de viaje. También se les instruye catalogar las solicitudes como «en suspenso» en lugar de denegarlas. Si las solicitudes figuraran como denegadas, el solicitante tendría la oportunidad de apelar o de recibir un reembolso. En lugar, el solicitante no recibe ninguna comunicación posterior, y el gobierno no ha indicado tener la intención de reembolsar las cuotas. El experto en inmigración David J. Bier estima que el monto total de las cuotas recaudadas por las solicitudes estancadas asciende a aproximadamente mil millones de dólares. La administración Trump también ha dejado de publicar estadísticas detalladas sobre inmigración, lo que dificulta el seguimiento de posibles fraudes en el futuro.
An investigation by The Cato Institute has revealed what it refers to as "the largest fraud in the history of the U.S. immigration system." Over 320,000 people from President Trump's list of banned countries whose immigration paperwork is in transit will not have their application fees refunded. Consular officers have been instructed not to counsel or advise applicants that they are subject to a travel ban when they arrive for their interviews, and to list the applications as being "on hold" instead of denying them. If the applications were listed as being denied, the applicant would have a chance to appeal or receive a refund. Instead, the applicant receives no further communication, and the government has made no indication that it intends to refund the fees. Immigration expert David J. Bier estimates that the value of fees collected for stalled applications totals approximately one billion dollars. The Trump administration has also stopped publishing detailed immigration statistics, making it difficult to keep track of future fraud.
