El martes, el Concejo Municipal de Santa Rosa aprobó por unanimidad una nueva política que prohíbe a las autoridades federales de inmigración, como ICE, organizar operativos de control en las propiedades de la ciudad; sin embargo, a los agentes se les seguirá permitiendo realizar arrestos. Los agentes necesitarán una orden judicial para ingresar a aquellas áreas de las propiedades municipales que no sean accesibles al público, como las oficinas privadas del personal. Los activistas por los derechos de los inmigrantes sostienen que la ordenanza no es lo suficientemente fuerte. Exigieron una prohibición total del uso de cualquier espacio municipal por parte de ICE, el paro de todo intercambio de información con las autoridades federales y la colocación de letreros que declaren que ICE no es bienvenido. La abogada de la ciudad, Teresa Stricker, señaló que una prohibición absoluta de la presencia de ICE en todos los espacios públicos sería, con toda probabilidad, inaplicable y entraría en conflicto con la ley federal, la cual prohíbe a los funcionarios locales interferir con los agentes federales. El concejo acordó revisar nuevamente la política, y la ordenanza entrará en vigor tras una votación final programada para el 7 de abril. Dicha política se basa en una medida parecida aprobada en febrero por la Junta de Supervisores de San Francisco.
On Tuesday, the Santa Rosa City Council unanimously passed a new policy prohibiting federal immigration authorities such as ICE from using staging enforcement operations on city properties, but agents will still be allowed to make arrests. Agents will need a judicial warrant to enter areas on city properties that are not accessible to the public, such as private staff offices. Immigrant rights activists say the ordinance did not go far enough, and call for a complete ban on ICE using any city spaces, an end to all information-sharing with federal authorities, and signage declaring ICE is unwelcome. City Attorney Teresa Stricker said that an outright ban on ICE from all public spaces would likely be unenforceable and conflict with federal law, which prohibits local officials from interfering with federal agents. The council agreed to revisit the policy and the ordinance will go into effect after a final vote on April 7th. The policy is based on a similar policy passed by the San Francisco Board of Supervisors in February.
