The Guardian informa que ICE ha contratado a la controvertida empresa de seguridad privada MVM para localizar y llevar a cabo lo que denomina "wellness checks," ó, examinaciones de bienestar, a niños indocumentados no acompañados que han sido liberados de custodia federal. MVM, empresa que también fue contratada para gestionar el centro de inmigración en la Bahía de Guantánamo, cuenta con un historial de graves denuncias de abusos. Actualmente, la compañía enfrenta una demanda federal en la que se la acusa de tortura, desaparición forzada y trato cruel por su participación en la separación de familias. La demanda, interpuesta por familias guatemaltecas en 2024, alega además que los empleados de MVM separaron físicamente a miles de niños de sus padres y los trasladaron en vehículos sin marcas a centros de detención improvisados. Documentos internos sugieren que ICE utiliza los "wellness checks," ó, examinaciones de bienestar, como operaciones destinadas a identificar, localizar y detener a los patrocinadores de los niños. El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la medida, afirmando que los contratistas de MVM no tienen la autoridad para realizar detenciones.
The Guardian reports that ICE has contracted with the controversial private security firm MVM to locate and conduct what it calls "wellness checks" on unaccompanied undocumented children released from federal custody. MVM, which was also contracted to run the immigration center at Guantanamo Bay, has a history of severe abuse allegations. The company currently faces a federal lawsuit accusing it of torture, enforced disappearance, and cruel treatment for its role in family separation. The lawsuit, filed by Guatemalan families in 2024, also alleges that MVM employees physically took thousands of children away from their parents and transported them in unmarked vehicles to makeshift detention centers. Internal documents suggest that ICE uses what it refers to wellness checks as operations to identify, find and arrest their sponsors. The Department of Homeland Security has defended the move, stating MVM contractors have no arrest authority.
