Sin embargo, debido a los vaivenes en la incidencia delictiva de cualquier región mexicana, puede concluirse en que es la disuasión y prevención de los delitos la parte más vulnerable y vulnerada. Es el primer escalón de un número indeterminado de políticas públicas encaminadas a lograr la paz, la tranquilidad y la percepción de seguridad de la sociedad. Lo anterior, asimismo, es una obligación constitucional conferida a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
