Autoridades de Baja California tendrán la posibilidad de “dispersar” una protesta si consideran que existe una “amenaza o afectación real y objetiva a instalaciones estratégicas o bienes”, de acuerdo con los nuevos protocolos publicados en el documento titulado Protocolo Estatal de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas Desarrolladas en Baja California, publicado el 25 de julio en el Periódico Oficial del Estado.
Según se puede constatar en el capítulo VI “Actuación Policial para la Atención de las Protestas”, en el apartado VI.5.11 se indica que se permite la dispersión de la protesta “cuando exista un peligro real e inminente de daño irreparable a la vida y la integridad de los participantes, autoridades y terceros o si existe una amenaza o afectación real y objetiva a instalaciones estratégicas o bienes”, sin especificar qué bienes entran en este supuesto.
El documento establece además que la decisión de dispersar o no la protesta deberá ser tomada por el llamado “Grupo de Coordinación”, creado específicamente para la aplicación de este protocolo. Este grupo de coordinación estará encabezado por la Secretaría General de Gobierno, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, corporaciones de seguridad, otras dependencias estatales y Protección Civil, así como a organizaciones o especialistas para atender la protesta.
Asimismo, el escrito señala que la autoridad estatal buscará conocer y dar solución a las demandas de los participantes de la protesta, contactándolos antes de que ésta se lleve a cabo.
Según el capítulo IV de los protocolos, el grupo de coordinación podrá “recabar información de las características de la protesta como fecha, horario, necesidades especiales, principales rutas, rutas alternas, condiciones de protección civil, entre otras”. Agrega que el grupo de coordinación también tendrá la atribución de contactarse con las personas que organizan la protesta con la intención de ofrecer posibles soluciones o en su caso realizar mesas de trabajo para tratar el tema por el que se organiza la manifestación.
La Secretaría General de Gobierno (SGG) encabezada por Alfredo Álvarez Cárdenas, rechazó a través de un comunicado las críticas de Rivera Millán publicadas en algunos medios de comunicación, asegurando que el protocolo no condiciona el derecho a la protesta. Al contrario, argumenta que su único fin es establecer los lineamientos para los servidores públicos en caso de manifestaciones sociales.
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